Después del sustento, la vivienda es uno de los requerimientos más necesarios para nuestra existencia. Es el ámbito en el que se desarrolla nuestra privacidad que los Estados democráticos protegen con el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
La Constitución española de 1978 reconoce este derecho individual, como pieza esencial de los derechos personales, preservando así nuestra esfera de autonomía e intimidad frente a posibles injerencias.
Pero, nuestra Constitución no se detiene en este estadio y va más allá del reconocimiento de las libertades existentes. Completa y ensancha el contenido de los derechos fundamentales y, al añadir a su función de mero límite al ejercicio del poder o de garantía negativa de los intereses individuales, su papel director de la acción positiva de los poderes públicos y de descripción del horizonte a alcanzar, dinamiza su significado.
Como resultado, los poderes públicos están constitucionalmente obligados a promover la efectividad del derecho a la vivienda, como derecho social de todos los españoles.
Un derecho que hoy, en el inicio del siglo XXI, está inseparablemente vinculado al derecho a la ciudad como escenario esencial del desenvolvimiento de nuestros derechos civiles.
El derecho a la vivienda está ligado al derecho a una ciudad habitable e integrada, cohesionada y sostenible, que permita el ejercicio activo de los derechos de ciudadanía y en particular, la participación en las políticas que inciden en su configuración.
De ahí, que para el Ministerio de Vivienda la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones que les representan sea uno de los pilares esenciales de la elaboración de sus principales líneas de actuación y que para canalizarla haya suscrito varios convenios con ellas.
En todo caso, la mejor prueba de que el Ministerio aplica estos principios y responde a las demandas de los ciudadanos, se encuentra en el proceso participativo que ha abierto para elaborar el nuevo Plan de Vivienda que próximamente va a sustituir al vigente.
La Constitución española de 1978 reconoce este derecho individual, como pieza esencial de los derechos personales, preservando así nuestra esfera de autonomía e intimidad frente a posibles injerencias.
Pero, nuestra Constitución no se detiene en este estadio y va más allá del reconocimiento de las libertades existentes. Completa y ensancha el contenido de los derechos fundamentales y, al añadir a su función de mero límite al ejercicio del poder o de garantía negativa de los intereses individuales, su papel director de la acción positiva de los poderes públicos y de descripción del horizonte a alcanzar, dinamiza su significado.
Como resultado, los poderes públicos están constitucionalmente obligados a promover la efectividad del derecho a la vivienda, como derecho social de todos los españoles.
Un derecho que hoy, en el inicio del siglo XXI, está inseparablemente vinculado al derecho a la ciudad como escenario esencial del desenvolvimiento de nuestros derechos civiles.
El derecho a la vivienda está ligado al derecho a una ciudad habitable e integrada, cohesionada y sostenible, que permita el ejercicio activo de los derechos de ciudadanía y en particular, la participación en las políticas que inciden en su configuración.
De ahí, que para el Ministerio de Vivienda la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones que les representan sea uno de los pilares esenciales de la elaboración de sus principales líneas de actuación y que para canalizarla haya suscrito varios convenios con ellas.
En todo caso, la mejor prueba de que el Ministerio aplica estos principios y responde a las demandas de los ciudadanos, se encuentra en el proceso participativo que ha abierto para elaborar el nuevo Plan de Vivienda que próximamente va a sustituir al vigente.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario