Rescate del sector inmobiliario

El Gobierno británico acude al rescate del sector inmobiliario.

La peor crisis inmobiliaria de los últimos 18 años en Reino Unido ha llevado al Gobierno británico a tomar cartas en el asunto, mediante medidas como la supresión de un impuesto a la compra de viviendas, y de unas ayudas por 1.242 millones de euros para facilitar la compra de pisos y el pago de hipotecas. La medida sirve al menos para reactivar a las inmobiliarias en la Bolsa de Londres.

La amenaza de la recesión planea cada vez con más fuerza sobre la economía británica, y sectores como el inmobiliario no hacen sino agravar estas presiones. La patronal del sector anunció la semana pasada una caída de dobles dígitos en el precio de las viviendas durante el mes de agosto, del 10,5%, la mayor desde el año 1990.

Para intentar paliar esta delicada situación, y su impacto en el ritmo de crecimiento económico y en el paro, el Gobierno británico ha decidido retirar un impuesto que gravaba la compra de viviendas. En concreto, el Ejecutivo liderado por Gordon Brown ha decidido eximir de este impuesto la compra de viviendas por un precio inferior a las 175.000 libras, unos 217.000 euros.

La medida entrará en vigor a partir de mañana, y cambia una normativa que gravaba con un 1% la compra de viviendas de entre 125.000 y 250.000 libras (155.000-310.000 euros), con un 3% la de propiedades valoradas en más de 250.000 libras (310.000 euros), y en un 4% las superiores a 500.000 libras (621.000 euros).

El paquete de medidas anunciado por el Gobierno británico incluye además un fondo de unos 1.000 millones de libras (unos 1.242 millones de euros) destinado a facilitar la compra de viviendas y el pago de hipotecas.

Fuente: Expansión

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Vivienda y Ciudadanía

Después del sustento, la vivienda es uno de los requerimientos más necesarios para nuestra existencia. Es el ámbito en el que se desarrolla nuestra privacidad que los Estados democráticos protegen con el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
La Constitución española de 1978 reconoce este derecho individual, como pieza esencial de los derechos personales, preservando así nuestra esfera de autonomía e intimidad frente a posibles injerencias.
Pero, nuestra Constitución no se detiene en este estadio y va más allá del reconocimiento de las libertades existentes. Completa y ensancha el contenido de los derechos fundamentales y, al añadir a su función de mero límite al ejercicio del poder o de garantía negativa de los intereses individuales, su papel director de la acción positiva de los poderes públicos y de descripción del horizonte a alcanzar, dinamiza su significado.
Como resultado, los poderes públicos están constitucionalmente obligados a promover la efectividad del derecho a la vivienda, como derecho social de todos los españoles.
Un derecho que hoy, en el inicio del siglo XXI, está inseparablemente vinculado al derecho a la ciudad como escenario esencial del desenvolvimiento de nuestros derechos civiles.
El derecho a la vivienda está ligado al derecho a una ciudad habitable e integrada, cohesionada y sostenible, que permita el ejercicio activo de los derechos de ciudadanía y en particular, la participación en las políticas que inciden en su configuración.
De ahí, que para el Ministerio de Vivienda la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones que les representan sea uno de los pilares esenciales de la elaboración de sus principales líneas de actuación y que para canalizarla haya suscrito varios convenios con ellas.
En todo caso, la mejor prueba de que el Ministerio aplica estos principios y responde a las demandas de los ciudadanos, se encuentra en el proceso participativo que ha abierto para elaborar el nuevo Plan de Vivienda que próximamente va a sustituir al vigente.

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